Los procesos inmediatos en los delitos de flagrancia y la gestión de la fiscalía provincial corporativa de la Convención.

Abstract

La reforma procesal penal tuvo como objeto establecer un nuevo modelo de procesal penal que sea eficiente y que respete los derechos y garantías de los procesados, es así que en fecha treinta de agosto del 2015 se publica el Decreto Legislativo N° 1194 el mismo que es denominado como Decreto Legislativo que regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia, el mismo que entro en vigencia noventa días después.

Al transcurrir más de ocho meses de la vigencia de la presente Ley se puede observar que los legisladores no vieron la realidad en los distintos órganos jurisdiccionales, ya que en varias oportunidades se pudo ver que los operadores del derecho se encontraban con vacíos al aplicar la Ley en mención, por ejemplo cuando se suscitaba un hecho delictuoso cometido por dos o más personas y al no poder identificar o individualizar a uno de los autores, los magistrados del Poder Judicial dejaban sin efecto la incoación del proceso inmediato por no haberse individualizado a uno o por que los autores de la comisión del delito no se encontraba en igual condición jurídica, ordenando de esa manera al Ministerio Publico a continuar con un proceso ordinario, pudiéndose resolver respecto de esa persona la comisión del delito y no dejándose impune el hecho delictuoso, asimismo se encontró que por el reducido plazo (24 horas) que se le otorga al Ministerio Publico para poder conseguir las diferentes pruebas en un caso de flagrancias, las distintas instituciones no colaboran con la obtención de dichos medios probatorios tales son como los antecedentes penales y judiciales, es así que en el presento trabajo de investigación se encontraran los diferentes vacíos normativos que existe en esta Ley lo cual viene generando no solo una dilatación en los procesos, si no que la sociedad no confía ya en una justicia rápida y eficaz.

The purpose of the criminal procedural reform was to establish a new model of procedural Criminal law that is efficient and respects the rights and guarantees of the accused, it I That on August 30, 2015, Legislative Decree No. 1194 is published. Same that is denominated like Legislative Decree that regulates the Immediate Process in Cases of Flagrance, the same that came into effect ninety days later. More than eight months after the entry into force of this Law, Legislators did not see the reality in the different jurisdictional On several occasions it was possible to see that the operators of the right were with The law in question, for example when a criminal act was Committed by two or more persons and not being able to identify or individualise one of the Authors, the judges of the Judiciary ceased to initiate the proceedings Immediately because no one has been identified or because the authors of the commission of the Crime was not in the same legal status, thus ordering the Public Ministry to continue with an ordinary process. That person is responsible for the commission of the crime and that the offense is no It was found that for the short term (24 hours) granted to the Public Ministry To obtain the different tests in a case of flagrances, the different Institutions do not collaborate with obtaining such probative means such as The criminal and judicial records, it is so in the present research work The different regulatory gaps that exist in this Law, which comes Generating not only a dilation in the processes, but that the society does not already trust in A speedy and effective justice system.