FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESIS 
 
 
FACTORES QUE INCIDEN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº26979 DEL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JERONIMO PARA LA EJECUCION DE 
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Presentado por los bachilleres: 
- Gutierrez Chavez, Pabel Kenyo 
- Llacta Amat, Heldy 
 
Para optar el Título Profesional de Abogado 
 
Asesor: 
Dr. Abog. Rolando Siles Luque 
Línea de investigación:  
Estado constitucional 
 
 
CUSCO-PERÚ 
2022 
RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue analizar los factores que inciden en la aplicación de 
la ley Nº26979 del procedimiento de ejecución coactiva en la municipalidad distrital de San 
Jerónimo, ello teniendo en cuenta que la mencionada ley de ejecución cuenta con un T.U.O y se 
aplica sobre los actos administrativos que han adquirido firmeza ello de conformidad con la Ley 
Nº27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, al referirse a actos administrativos 
se enfoca en resoluciones administrativas que culminan en multas, órdenes de pago, resoluciones 
de determinación y otros que son impuestas a los administrados por la omisión o comisión de 
no cumplir la normatividad administrativa referida a licencias de funcionamiento, licencias de 
construcción, defensa civil, licencias por ocupación de vías públicas, obligaciones tributarias, 
etc. Posterior a la emisión de estas sanciones administrativas que adquieren firmeza se hace la 
aplicación de la Ley Nº26979 y su T.U.O por la que se aplica la ejecución forzosa e implementa 
el inicio de un procedimiento coactivo, una característica especial de este procedimiento es que 
durante su tramitación no se puede interponer recursos impugnatorios contemplados en la ley, 
toda vez que el tema de fondo se ha deliberado en las unidades de la administración pública que 
determinó la responsabilidad administrativa, en tal sentido, su único fin es meramente la 
ejecución de la obligación de dar, hacer y no hacer. Sin embargo, se ha podido verificar que en 
la mayoría de casos los administrados o contribuyentes recurren a la aplicación del inciso e) del 
artículo 16º de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva que suspende el procedimiento 
coactivo hasta la emisión de una sentencia consentida. También se ha verificado que los 
administrados o contribuyentes recurren a la aplicación del artículo 23º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº26979 donde el obligado puede presentar reiteradas veces un mecanismo 
procesal denominado Demanda de Revisión Judicial del Procedimiento Coactivo. El efecto de 
la presentación de la Demanda de Revisión Judicial y la demanda contencioso administrativa 
conlleva a la suspensión del procedimiento coactivo, tan sólo con la presentación al Ejecutor 
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Coactivo del cargo de presentación ante la mesa de partes del Poder Judicial (Sin Auto 
Admisorio) con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares (Embargos) 
debidamente dictadas o emitidas. Observándose, que con este procedimiento se favorecen a los 
obligados al poder disponer su patrimonio y transferir sus bienes a fin de evadir la acción de 
cobro. Asimismo, se advierte que con estos artículos se genera un perjuicio al estado al evitar la 
recaudación de las entidades para cumplir con las necesidades sociales y al suspenderse la 
cobranza coactiva por a la interposición de la demanda existen casos en los que no solo se habla 
de la recaudación sino también del impacto social debido a la limitación del principio de 
autoridad el cual queda limitado en muchos casos perjudicando incluso a la población que se ve 
afectada en situaciones como invasiones de vías, áreas verdes o áreas de aporte y que los 
procesos judiciales tiene una duración aproximada de 3 a 7 años hasta agotar las instancias 
judiciales mientras tanto la infracción sigue subsistentes y el perjuicio sigue ocasionado en la 
población y hacia el mismo estado. En la presente investigación se desarrollará sobre los 
obligados al presentar sus demandas lo hacen a sabiendas de la carga procesal que tiene el Poder 
Judicial y buscan la suspensión del procedimiento coactivo solo con el fin de dilatar y eludir las 
sanciones administrativas y obligaciones. 
Esta investigación de es de tipo cuantitativo, porque utilizo instrumentos de recolección de datos 
que probaran la finalidad del estudio y su relevancia jurídica y aportara a la comunidad jurídica 
para la solución a un problema que se ve reflejado en una realidad cotidiana y que es afrontado 
por la administración pública. 
Palabras Claves: Administración Pública, Proceso Contencioso Administrativo, Demanda 
de Revisión Judicial, Deuda exigible, Legalidad, Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
Suspensión del Proceso Coactivo. 
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ABSTRAC 
 
The purpose of the present investigation is to analyze the bills that affect the application of Law 
Nº26979 of the coercive execution procedure in the district municipality of San Jerónimo, this 
taking into account that the aforementioned law of execution has a T.U.O and is applied to 
administrative acts that have become firm in accordance with Law No. 27444 – Law of General 
Administrative Procedure, when referring to administrative acts we refer to administrative 
resolutions that culminate in fines, payment orders, determination resolutions and others that are 
imposed on those administered for the omission or commission of not complying with the 
administrative regulations regarding operating licenses, construction licenses, civil defense, 
licenses for occupation of public roads, tax obligations, etc. After the issuance of these 
administrative sanctions that acquire firmness, the application of Law No. 26979 and its T.U.O 
is made, by which the forced execution is applied and the initiation of a coercive procedure is 
implemented, a special characteristic of this procedure is that during its processing it is not 
possible to file appeals contemplated in the law, since the substantive issue has been deliberated 
in the units of the public administration that determined the administrative responsibility, in this 
sense, its sole purpose is merely the execution of the obligation to give , do's and don'ts.  
However, it has been verified that in most cases the companies or taxpayers resort to the 
application of subsection e) of article 16 of the Coercive Execution Procedure Law, which 
suspends the coercive procedure until the issuance of a consented sentence. It has also been 
verified that the companies or taxpayers resort to the application of article 23 of the Single 
Ordered Text of Law No. 26979 where the obligor can repeatedly present a procedural 
mechanism called Demand for Judicial Review of the Coercive Procedure. The effect of the 
presentation of the Demand for Judicial Review and the contentious-administrative demand 
leads to the suspension of the coercive procedure, only with the presentation to the Coercive 
Executor of the charge of presentation before the table of parts of the Judicial Power (Without 
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Auto Admisorio) with the consequent lifting of precautionary measures (Embargoes) duly 
dictated or issued. Observing that this procedure favors the obligors by being able to dispose of 
their assets and transfer their assets in order to evade the collection action. Likewise, it is noted 
that these articles cause damage to the state by preventing the collection of entities to meet social 
needs and by suspending coercive collection due to the filing of the lawsuit, there are cases in 
which we not only talk about the collection but also of the social impact due to the limitation of 
the principle of authority which is limited in many cases, even harming the population that is 
affected in situations such as road invasions green areas or areas of contribution and that the 
judicial processes have an approximate duration of 3 to 7 years until the judicial instances are 
exhausted, meanwhile the infraction continues and the damage continues to be caused in the 
population and towards the same state. In the present investigation we will develop that those 
obliged to present their demands do so knowing the procedural burden that the Judiciary has and 
seek the suspension of the coercive procedure only in order to delay and avoid administrative 
sanctions and obligations. 
 
 
This research is of a quantitative type, because it will use data collection instruments that will 
prove the purpose of the study and its legal relevance. and will contribute to the legal community 
for the solution to a problem that is reflected in a daily reality and that is faced by the public 
administration. 
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